La duración de la crisis económica en España y la intensidad de la recuperación dependerán, fundamentalmente, de las reformas estructurales que se apliquen para mejorar nuestro potencial de crecimiento y no de políticas de demanda coyunturales como propone el Gobierno. Por tanto, los objetivos de la política económica deben centrarse en promover el crecimiento económico y garantizar sus sostenibilidad en el tiempo, para cuya consecución es imprescindible la implementación de una batería de medidas orientadas a estimular la oferta productiva.

Así, una cambio en el sistema impositivo que incluya la reducción de la presión fiscal -sobre todo la que afecta a las empresas-; la asimilación, por parte de los agentes que intervienen en las negociaciones colectivas, de la necesidad de contención salarial en el mercado de trabajo -dado el contexto de desaceleración actual-; y la liberalización de algunos segmentos en mercado como el de la electricidad, el agua o la distribución comercial, son medidas que reactivarían la economía gracias a la supresión de las ineficiencias que caracterizan a algunos mercados, y facilitarían la creación de empleo.

No se puede seguir proponiendo políticas anticíclicas de demanda, que son caras e ineficientes. Es necesario impulsar acciones de oferta, fiscales, laborales, de infraestructuras, etc. que mejoren nuestro potencial de crecimiento, que incrementen nuestra competitividad y reduzcan nuestro déficit externo y permitan equilibrar nuestra inflación.