El fin del trasvase llevaría al Estado a tener que hacer frente a reclamaciones patrimoniales por un valor superior a los 3.500 M€ en el sector agrario alicantino. Además tendría que atender demandas de otros sectores económicos y al lucro cesante.

 

      Las transferencias hídricas llegadas desde 1979 han limitado la presión sobre los acuíferos del Vinalopó y retrasado la sobreexplotación.

 

Las conclusiones definitivas del estudio ‘Análisis Económico, Social y Ambiental del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante’ confirman que los caudales llegados a través del Trasvase Tajo-Segura para consumo humano desde 1979 han sido claves para evitar el colapso del suministro del agua potable en la provincia de Alicante. Este estudio ha sido impulsado por la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) mediante un convenio firmado con la Fundación Agua y Progreso y ha sido realizado por el equipo investigador del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante coordinado por Joaquín Melgarejo Moreno, profesor titular del Departamento de Análisis Económico Aplicado y miembro del citado instituto.

 

Las transferencias del Tajo suponen en la actualidad el 60% del volumen que maneja la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para el abastecimiento de agua corriente. Estos caudales han contribuido a retrasar los procesos de sobreexplotación que sufren los acuíferos del Vinalopó y han permitido ganar tiempo en la búsqueda de soluciones que posibiliten, aunque sea parcialmente, la recuperación de las reservas de los acuíferos mediante la aplicación de recursos procedentes de la reutilización, la desalinización y también del Trasvase Júcar-Vinalopó. Sin estos aportes extraordinarios, la presión sobre las aguas subterráneas se habría acrecentado, lo que habría supuesto la esquilmación total de estos caudales hace más de una década.

El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la ordenación hidráulica española. Es fruto de una política de ordenación del territorio impulsada por el Estado que ha permitido la consolidación de un sector agrícola de enorme vitalidad en el sureste español y, a su vez, ha garantizado la subsistencia hídrica de los abastecimientos urbanos de numerosas poblaciones de la zona, incluidas grandes capitales como Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela.

 

Es además una infraestructura con gran potencial para distribuir caudales mediante las fórmulas de cesión de aprovechamientos y bancos del agua, así como para articular trasvases dentro del mismo ámbito de planificación hidrológica, como ha ocurrido con caudales del Júcar.